"Manifiesto..." for dummies

La polémica en torno al "Manifiesto por una lengua común" es el enésimo ejemplo de que andamos cortitos de lectura comprensiva, por un cúmulo de razones que van desde la estulticia a la ignorancia pasando por la mala leche. Si lo que se dice en el mentado documento ofende a alguien, esto no hace más que confirmar el problema que denuncia.

Después de un sesudo análisis de lo que he ido encontrando por foros, blogs y cartas al director he llegado a la conclusión de que los que han criticado más o menos furibundamente el manifiesto (empezando por nuestro bienamado Presidente) lo han hecho por alguno de lo siguientes motivos:

1) No se lo han leído.
2) Se lo han leído pero no lo han entendido.
3) Les caen gordos aquellos que lo han apoyado.
4) Tienen intereses políticos o económicos con personas de los grupos 1, 2 y 3.

Para empezar, no es un "manifiesto por la defensa del castellano", idioma que goza de excelente salud. Gracias, principalmente, a que hay otros 400 millones de hispanohablantes que no son españoles, ni periodistas españoles, ni políticos españoles, ni "intelectuales" españoles, y lo tratan con mucha más delicadeza, riqueza y aprovechamiento que nosotros. Así que no, queridos, no van por ahí los tiros.

Lo que el manifiesto dice es tan de Perogrullo que debería ser innecesario en un país donde la inteligencia colectiva fuera normal, que no es el caso, y es lo siguiente: dado que la única lengua que se habla en toda España es el castellano, hecho reconocido oficialmente en la Constitución, todo español tiene el derecho de que las administraciones públicas les atiendan al menos en castellano independientemente de la región en la que habite. Dicha atención incluye desde las ventanillas hasta los documentos oficiales, la rotulación con cargo al erario público (que es su dinero y el mío) y, especialmente, la lengua vehicular de la educación.

En ningún caso se solicita que eso se haga en detrimento de las lenguas autonómicas ni se pone en duda que esa normalidad linguística ya existe en la calle: de lo que se trata es de llevar la normalidad de la calle a las administraciones públicas, o dicho de otra forma, que lo que usted paga con sus impuestos esté a su servicio y no al revés. Argumentos del tipo "el castellano no corre peligro aquí porque todo el mundo lo habla" son inválidos, porque no es ese el objeto de la discusión. De lo que se trata es de que si a usted le toca irse a vivir a esa comunidad, tenga la certeza de que sus hijos podrán ser educados también en castellano si ese es su deseo, que las señales de tráfico estarán escritas también en castellano y que los bandos de su Ayuntamiento o los anuncios oficiales en su ambulatorio podrá leerlos también en castellano. Mal que nos pese a la mayoría, eso no está garantizado a día de hoy. Y el que diga lo contrario miente como un bellaco.

Que el Estado (y las Comunidades Autónomas son Estado por delegación) garantice la atención en castellano es su obligación y el ciudadano tiene perfecto derecho a exigirle que la cumpla. Lo demás son ganas de marear la perdiz.